CDC emitió resolución sobre Decreto 90/2020

El Consejo Directivo Central de la Udelar emitió una resolución sobre el Decreto 90/2020 que fija la ejecución presupuestal de los organismos de la administración central para el año 2020 en un 85% de los créditos comprometidos en 2019 en los rubros de gastos e inversiones.

 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

28.

 

(Exp. s/n)  – Emitir la siguiente Declaración:

 

El 11 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 90/2020 que fija la ejecución presupuestal de los organismos de la administración central para el año 2020 en un 85% de los créditos comprometidos en 2019 en los rubros de gastos e inversiones. Asimismo, dicho Decreto prohíbe proveer los cargos vacantes al 31 de Diciembre de 2019 y permite la renovación de sólo un tercio de aquellas vacantes que se generen, con excepción para ciertos sectores del ámbito docente, de la salud, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas (1). 

 

El decreto exhorta a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, como la Universidad, “a adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas que en este Decreto se establecen”.

 

La Universidad de la República no puede cumplir con esta exhortación porque afectaría severamente funciones cuyo valor es mucho mayor que el ahorro, e implicaría un costo irreparable para el país. 

 

La Universidad de la República emplea en forma transparente y eficiente su presupuesto, que ejecuta cada año a más del 99,9%. Se debe puntualizar algo importante y negativo: las partidas de gastos e inversiones  desde el año 2001 no se han actualizado por coeficientes de ajuste para mantener el poder adquisitivo, sino que a partir de ese año, las asignaciones que se han aprobado han tenido que absorber las pérdidas del valor real. El presupuesto de gastos e inversiones de la Universidad no se ha actualizado desde 2001 ni con el IPC ni con el índice de costos de la construcción, con lo cual en los hechos ha tenido una reducción más que drástica.  Sin embargo, la Universidad ha cumplido lo mejor posible, a una velocidad menor que la prevista, con el compromiso adquirido con el Poder Legislativo que asignó fondos para sedes en el territorio, por ejemplo, o para mejorar la infraestructura.

 

Reducir gastos e inversiones en un 15% significaría dejar deteriorar los edificios universitarios, que forman parte del patrimonio de todos los uruguayos, no contar con insumos básicos en el Hospital de Clínicas o en los comedores universtitarios.

 

La Universidad ha incrementado todos los índices de su actividad, cumpliendo sus compromisos con la sociedad. En 2009 tenía 83.402 estudiantes y en 2019 139.830; los estudiantes de posgrado pasaron de 6351 en 2012 a 8367 en 2019; en 2009 se dictaban 89 carreras de grado, 26 tecnicaturas y 165 carreras de posgrado, y 10 años después esos hay son 98, 46 y 316, respectivamente; el número de egresados de grado se incrementó en 28% entre 2008 y 2018 (2) y el de posgrados en 179% en el mismo período. Entre esos años la Universidad expandió su presencia permanente a buena parte del país y hoy tiene sedes, además de Montevideo, en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado. Se podrían mencionar muchos otros indicadores en el terreno de la atención de la salud, la producción científica o la extensión, pero esta muestra ilustra un hecho innegable: su actividad ha crecido mucho más que el presupuesto medido en dinero, en horas docentes o de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.

 

Los incrementos obtenidos, aunque fueron importantes, han sido notoriamente insuficientes para acompañar el incremento de la actividad universitaria que el país necesita y demanda. El esfuerzo realizado por encima de los recursos tiene su contracara, como grupos demasiado numerosos, edificios con escasez de personal, y buenas ideas que no pueden llevarse a cabo, como carreras -aprobadas y esperadas- sin financiamiento, edificios -necesarios y útiles- sin suficiente personal para asegurar su correcto funcionamiento incluyendo su vigilancia e higiene, las dificultades para que el proceso de descentralización pueda consolidarse, jóvenes investigadores en los que el país ha invertido mucho que no encuentran inserción institucional y podrían emigrar.

 

Veamos algunos ejemplos de las consecuencias que traería aplicar un recorte como el sugerido en las partidas de gastos e inversiones de la Universidad. 

Se afectaría:

 

• La política de becas de posgrado que otorga la Comisión Académica de Posgrados, que explica un porcentaje importante de la formación de posgrado en el país pues se otorgan unas 150 por año (como una beca dura varios años hay alrededor de 350 estudiantes de posgrado becados por la Universidad), número similar al que otorga la ANII.

• La compra de insumos necesarios para garantizar la atención a la salud que se realiza a través del Hospital de Clínicas. Cabe destacar que alrededor del 40% de lo que se recibe  para gastos de funcionamiento tiene como destino los proveedores del referido Hospital. 

• Las becas que otorga la institución a estudiantes de bajos ingresos para poder seguir sus estudios universitarios.

• Los suministros de material didáctico para garantizar la enseñanza en condiciones decorosas a más de 139.000 estudiantes (repuestos para los cañones, marcadores, etc.), así como el mantenimiento del mobiliario utilizado en enseñanza en las diversas sedes de la institución.

• El financiamiento de la investigación científica, que requiere insumos, equipamiento de diverso porte, poder publicar y asistir a eventos científicos. De esta manera se estaría afectando de manera directa la soberanía científica y tecnológica cuya importancia ha quedado de manifiesto en estos tiempos de pandemia.

 

Además, no se podría cumplir las obligaciones derivadas de pleitos a los que estamos expuestos, cuando el resultado es negativo para la institución. Esto a la larga implicaría costos mayores para el Estado.

 

Por último, hay que tener en cuenta que alrededor del 80% de lo que se solicita para el pago de inversiones tiene como destino las obras del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) y las inversiones del Hospital de Clínicas. Hay varios edificios universitarios en construcción. Se trata de inversiones necesarias y largamente esperadas, que se planificaron a fin de ejecutarlas eficientemente. A modo de ejemplo, está previsto culminar el edificio de laboratorios de investigación en la sede Salto del CENUR Litoral Norte, que incluirá el primer Laboratorio de bioseguridad nivel 3 del país (tan útil ante casos como la pandemia de COVID-19), la nueva Facultad de Veterinaria en la zona noreste de Montevideo o el edificio destinado a enfermería y las escuelas médicas. En varias sedes del interior hay obras necesarias ante el aumento bienvenido de la matrícula estudiantil. Se pretende parar esas obras? No equiparlas con mobiliario?

 

Por otro lado, veamos las consecuencias si se aplicará la limitación para suplir vacantes en el personal técnico, administrativo y de servicios de la Universidad. La política de regionalización y el incremento de la matrícula universitaria han implicado un importante aumento de la planta física en todo el país, mucha de ella dedicada a la enseñanza directa. Al día de hoy existe un déficit en el número de funcionarios requeridos para asegurar la limpieza, seguridad y mantenimiento adecuados, por lo que aplicar la reducción solicitada afectaría fuertemente la posibilidad de funcionar en dichos edificios.

 

Hoy los desembolsos financieros que recibe la Udelar para el pago de sus proveedores de bienes y servicios, no son suficientes para el pago de los compromisos asumidos, especialmente en inversiones.  Los ejemplos mencionados, que son solo una fracción de las numerosas dificultades que cumplir la exhortación del Decreto implicará, hacen totalmente inconveniente su aplicación y nos permiten afirmar, como se dijo más arriba, que seguir esta exhortación implicaría un costo mayor para el país que el no hacerlo. 

 

Hemos visto como una buena señal que se ha exceptuado del recorte al programa de desarrollo de las ciencias básicas, por criterios que sin duda aplican a la universidad y a los organismos que realizan investigación, que son los que sostienen laboratorios, salarios y becas. 

 

La crisis sanitaria ha hecho evidente un concepto que tal vez no se tenía claro: la soberanía no es sólo política ni alimentaria; hay una soberanía del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Para eso es necesario preservar y acrecentar edificios, laboratorios y sobre todo grupos humanos capacitados, que estén actualizados con respecto al conocimiento mundial, tanto de profesionales de todas las áreas como de investigadores capaces de aportar nuevas soluciones. Ese es nuestro recurso más precioso, que se demora mucho en construir y se puede perder rápidamente.

 

La exhortación del decreto se ha traducido en recortes efectivos  de los créditos presupuestales en los últimos meses.  Esta situación, además de afectar las áreas reseñadas anteriormente, coloca en serio riesgo la capacidad de respuesta de la Universidad de la República ante la pandemia. Los gastos incrementales imprescindibles para operativizar la enseñanza (derecho de uso de plataformas digitales, horas docentes para sostener su funcionamiento, apoyo directo de los estudiantes más vulnerados por parte de pares y docentes, adquisición de centenares de computadoras personales y soluciones de conectividad),  para sostener el bienestar de nuestros estudiantes a través de la compra de tickets de alimentación, para brindar  servicios tecnológicos para la atención sanitaria  (funcionamiento de los laboratorios del Hospital de Clínicas, laboratorio de virología molecular de Salto, del laboratorio conjunto con otras instituciones en Tacuarembó, instrumentación de planes de contingencia en el Hospital de Clínicas, etc.)  no son sustentables en un escenario de recortes presupuestales en el rubro de gastos e inversiones. 

 

El Consejo Directivo Central, después de un cuidadoso análisis, considera que no es posible seguir la exhortación del decreto nombrado sin menoscabo de las funciones básicas que la Universidad de la República debe a la sociedad.

 

(1) Por Decreto 135/2020 del 28 de abril de 2020

(2) Último año para el que hay datos cerrados de egresos.     

                                                                                                                                                                                                                                             (17 en 17)

 

 

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